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Una monumental campaña

Lamentablemente, no ocurrió lo mismo con el segundo hecho significativo de la quincena: la firma del decreto que reglamenta la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, pasó prácticamente desapercibida. Hubo pocas cámaras de televisión y escasos centímetros en los diarios, tan escasos como aquella tarde de 2009 cuando con discursos económicos (para evitar que los varones se levantaran de sus bancas y dejaran la sesión sin quórum), un puñado de legisladoras lograron la aprobación de la que hasta hoy, es la más importante ley contra la inseguridad en Argentina.

Efectivamente: la Ley 26485 bien aplicada puede evitar por año miles de lesiones físicas y psicológicas, apropiaciones, raptos, violaciones, robos y por sobre todo, la muerte de una mujer cada día y medio en nuestro país, según estadísticas oficiosas. En proporciones abismales, la violencia machista y el femicidio lastiman y matan más mujeres por año que los robos, asaltos, enfrentamientos y hasta accidentes de tránsito. Siendo sus ejecutores varones generalmente vinculados al entorno íntimo de la víctima, el lugar más inseguro para las mujeres suele ser su propia casa.

Sin embargo, esta ley no está incluida en las agendas de la mayoría de los protocolos de seguridad del Estado, ni en las de los medios de comunicación, que siguen tomándola como “cosa de mujeres”. Y no es casual: existe tanto desde las mismas autoridades naturales de aplicación (fuerzas de seguridad, jueces, funcionarios públicos) como del tejido social organizado, un esfuerzo activo y pasivo por invisibilizar la ley. Y las causas hay que buscarlas en su propia génesis.

La ausencia de un enfoque de género en los vértices del Gobierno y la resistencia del establishment patriarcal a medidas que pongan en riesgo su hegemonía, debilitaron el proyecto de ley hasta el punto en que la represión y sanción efectiva del violento está ausente. Se omitió así atacar la más urgente de las secuelas del machismo: la muerte de las mujeres. Además, 16 meses después de su aprobación, tampoco se sabe a ciencia cierta de dónde saldrá el dinero para financiar sus acciones, porque el oficialismo no lo incluyó en su último Presupuesto. Ambos factores, contribuyen a quitarle a la ley la apremiante severidad que necesita para ser tomada en serio.

Pero justamente es en esa debilidad donde quienes pergeñaron el decreto reglamentario encontraron su principal fortaleza: la ley 26485 tal cual está formulada persigue, ante todo, una monumental campaña de divulgación de lo que es la violencia de género. Que las casi 20 millones de mujeres sepan que cuando su pareja les levanta la mano está cometiendo un delito; que la Policía debe tomar sus denuncias, que el agresor debe ser apartado del hogar si es necesario, que un Juez puede separarlo de sus hijos e hijas, que el vecino cuando escucha sus gritos llamará al 911, sería un paso trascendental para cortar de cuajo el último eslabón de esa cadena de violencias, el femicidio.

Pero además, abriría las puertas al empoderamiento, al fortalecimiento de las redes de protección, a la defensa y la denuncia… y al Código Penal, para que se repare la injusta omisión de la norma de origen. No es poco: el principal enemigo de la no discriminación y la no violencia contra las mujeres es la ignorancia colectiva de sus derechos. Por eso me gusta repetir en cuanto foro es posible, que la enorme mayoría de las mujeres son feministas, salvo que ellas mismas no lo saben.