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Sindicalismo con perspectiva de género

En nuestro país trabajan más de un millón de personas en el servicio doméstico, una actividad prácticamente femenina, ya que el 98,6% de sus asalariadas son mujeres. “Es el sector más precario y junto al sector rural, de los peor pagos”, asegura Estela Díaz, coordinadora del flamante Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina, presentado la semana pasada como un espacio “para enriquecer la agenda del sindicalismo y a la vez la agenda del movimiento de mujeres”.

El servicio doméstico (cuyas trabajadoras/es celebran su día el 22 de julio) representa el 9,6% del total de las y los asalariados y el 7,3% del total de personas ocupadas en nuestro país, según las estadísticas oficiales. De cada 10 mujeres asalariadas, casi tres se desempeñan en ese sector, lo que representa el 17,1 de las ocupadas y el 15,2% de la Población Económicamente Activa (PEA) femenina.

No por casualidad, la problemática principal de estas trabajadoras son las altas tasas de empleo no registrado: en el segundo trimestre de 2009, el 85,7% de las asalariadas de esa actividad se encontraban no registradas, cifra significativamente superior al alcanzado entre el resto de las trabajadoras en relación de dependencia, que sólo cuentan con una tasa de empleo no registrado del 30%.

Por otra parte, la tasa varía de acuerdo a la situación de retiro y a la cantidad de empleadores. Las que trabajan en hogares sin retiro, cuentan con tasas inferiores que el promedio, mientras que las trabajadoras cuyo régimen de trabajo es con retiro incrementan su tasa proporcionalmente con el número de empleadores.

“Es el sector más precario, y junto al sector rural, de los peor pagos. Si bien en los últimos años se ha fomentado la regularización, todavía hoy estamos muy lejos de acercarnos a metas más o menos aceptables”, reconoce Estela Díaz (foto), militante feminista y coordinadora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina (CEMYT), una nueva oficina impulsada por la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) con el desafío de “producir documentos de investigación que permitan ampliar la agenda tanto del movimiento sindical como del social desde una perspectiva de género”, según lo afirmaron durante la presentación (foto).

Para la dirigenta sindical, “es auspicioso que la presidenta Cristina Fernández haya enviado un proyecto de ley al congreso nacional para modificar la legislación vigente en la materia, porque actualmente es francamente discriminatoria, amén de cruzarse con las cuestiones migratorias externas e internas”.

A principios del año 2006, el Estado Nacional impulsó una serie de medidas para regularizar la situación laboral de las trabajadoras del sector, que consisten en la posibilidad (por parte del empleador) de deducir del impuesto a las ganancias el salario y las cargas sociales, en una simplificación del sistema de registro y pago de aportes y en una intensa campaña mediática con el objetivo de promover la importancia de la registración laboral.

El impacto de dichas actuaciones demuestra claramente cómo desde el Estado se puede incidir gradual pero decisivamente en la no discriminación laboral y en la mejora de la calidad de vida de las trabajadoras: la información de AFIP indica que durante el año 2006 formalizaron su relación laboral alrededor de 140 mil nuevas trabajadoras dedicadas al servicio doméstico.

De todas maneras, los logros son todavía muy incipientes: al día de hoy, la vigorosa expansión de la actividad económica no logró reducir la tasa de empleo no registrado del servicio doméstico, aún cuando se verificó un notable crecimiento de los ingresos de los hogares que mayormente emplean trabajadoras (el ingreso real de los hogares más ricos creció en los últimos tres años un 43%).

“Desde el CEMyT pensamos poner especial interés en esta temática y en la generación de investigaciones que apunten a fortalecer la organización del sector, ya que el alto grado de informalidad y las características de este tipo de trabajo, no contribuyen especialmente a ello”, explica Díaz, indicando que también el Centro se propone “contribuir a la modificación de la actual legislación, que es claramente discriminatoria”.